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Como transposición de la Directiva 94/62/CE, las Cortes Generales aprobaron la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y, posteriormente, el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de Envases.
La Directiva 2004/12/CE fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el cual se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el cual se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
Esta normativa tiene por objeto «prevenir y reducir el impacto en el medio ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida», y establece medidas destinadas a la prevención de residuos de envases como prioridad y, en segundo lugar, la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización.
Finalmente, y como complemento de estas normas, se publicó la Orden de 27 de abril de 1998 por la cual se establecen las cantidades que se cobran como depósito y el símbolo identificador para aquellos envases que se sacan al mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno y la disposición adicional decimonovena de la Ley 50/98, de 30 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la cual se añade un apartado más al artículo 10 del texto original de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases.
Estos textos legislativos reparten la responsabilidad de la reducción del impacto provocado por los envases y residuos de envases entre los diferentes agentes implicados en el ciclo de vida de un envase, atribuyendo a cada uno de ellos unas obligaciones [1.4.5.2] determinadas. |