En el programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible del año 1993 (V Programa), los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ya se mencionaban como uno de los flujos de residuos prioritarios que se tenían que regular, para aplicar principios de prevención, valorización y eliminación segura.

En este sentido, el Parlamento Europeo, en su resolución de 14 de noviembre de 1996, encargó a la Comisión presentar propuestas de directivas sobre diferentes flujos de residuos prioritarios, incluidos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Una vez aprobadas las directivas europeas 2002/95/CE y 2002/96/CE sobre los RAEE y sobre la restricción para utilizar ciertas sustancias peligrosas en la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos, el Estado español, mediante el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, ha trasladado ambas directivas al derecho estatal.